La Gobernanza (la ‘G’ de los criterios ESG/ASG) ha dejado de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en el principal canal de presión medioambiental. El perfil de los activistas climáticos ha cambiado: ya no solo operan desde las organizaciones no gubernamentales tradicionales, sino desde los propios consejos de administración de las empresas cotizadas mediante el llamado activismo accionarial.
El capital institucional exige cuentas
Los grandes fondos de pensiones y firmas de gestión de activos globales están utilizando sus derechos de voto para bloquear el nombramiento de consejeros o rechazar los informes de remuneración de aquellas directivas que no demuestren un compromiso firme con la descarbonización y, de forma creciente, con la pérdida neta cero de biodiversidad.
Las resoluciones de los accionistas ya no son meramente consultivas. Las corporaciones financieras entienden que los riesgos climáticos son riesgos financieros directos; una empresa con una alta exposición a activos fósiles o con cadenas de suministro que destruyen ecosistemas locales es, a medio plazo, un activo tóxico inviable.
El impacto de los nuevos marcos de reporte financieros
Esta tendencia se ha visto acelerada por la adopción definitiva de marcos globales como el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés). Este estándar obliga a las corporaciones a reportar de manera transparente no solo cómo sus operaciones afectan a la naturaleza, sino cómo la degradación de los ecosistemas locales y la escasez de recursos naturales impactan directamente en su cuenta de resultados. La biodiversidad ha entrado formalmente en el lenguaje contable y financiero internacional.