La sostenibilidad corporativa y la gestión del consumo energético indirecto entran en una fase de máxima exigencia legal en España. Las compañías e instituciones públicas que cuenten con centros de trabajo de más de 200 empleados (o 100 por turno) se encuentran contrarreloj para diseñar, negociar y ejecutar sus nuevos Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo.
Estos planes obligan a las corporaciones a auditar la huella de carbono de los desplazamientos diarios de sus plantillas. Las soluciones exigidas abarcan desde la habilitación de rutas de transporte colectivo y el fomento de la movilidad activa (bicicletas, patinetes), hasta la obligatoriedad de instalar infraestructuras de recarga rápida para vehículos eléctricos en los aparcamientos corporativos. El incumplimiento o la falta de informes recurrentes de seguimiento podrán acarrear severas sanciones regulatorias.
Para estar al día con las guías de cumplimiento normativo y asesoría técnica corporativa, puedes seguir las actualizaciones que publica periódicamente el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).