El marco regulatorio del sector fotovoltaico en España ha dado un giro estratégico. Con la entrada en vigor y posterior tramitación en las Cortes del Real Decreto-ley 7/2026, el regulador busca resolver una de las grandes asignaturas pendientes del sector: la escalabilidad del consumo compartido.

La modificación del célebre Real Decreto 244/2019 eleva el radio máximo permitido entre la instalación de generación y el punto de consumo de los 500 metros previos a los 5 kilómetros para plantas de hasta 5 MW. Esta ampliación abre la puerta a que polígonos industriales actúen como verdaderos nodos energéticos comunitarios, alimentando a núcleos urbanos adyacentes, pymes y comunidades de vecinos que hasta ahora carecían de superficie idónea de cubierta.

Principales novedades normativas y fiscales de la reforma

  • Incentivos para pymes: Las empresas pueden acogerse a la libertad de amortización fiscal de hasta 500.000 euros en instalaciones de energía renovable y baterías.

  • IRPF y almacenamiento: Se consolidan las deducciones del 10% y 20% en IRPF por inversión en residencial, incluyendo expresamente los sistemas de almacenamiento con baterías como elemento subvencionable.

  • Simplificación para sistemas BESS: El decreto elimina la evaluación ambiental para la hibridación de baterías dentro del perímetro de plantas solares existentes, acelerando los trámites a la mitad.

La patronal sectorial valora positivamente que la normativa contemple las baterías no como un coste decorativo, sino como un activo regulatorio capaz de ofrecer servicios auxiliares a la red. Los detalles sobre deducciones fiscales y la letra pequeña de la norma pueden consultarse a través del análisis legislativo publicado por Fundeen.