El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado este pasado 26 de octubre una versión revisada del Real Decreto sobre centros de datos. Tras recibir más de 600 alegaciones durante el trámite de información pública, el Ejecutivo ha introducido cambios relevantes respecto al texto inicial. Esta rectificación reconoce de forma implícita que determinados requisitos del primer borrador resultaban excesivamente rígidos, aunque el documento mantiene intacta su filosofía general y el núcleo diferencial de la regulación de centros de datos en España.

Qué cambia: plazos flexibles, umbrales y almacenamiento

La nueva propuesta legislativa introduce herramientas de flexibilidad destinadas a facilitar la viabilidad técnica de los proyectos. Entre las modificaciones más destacadas, el umbral general de aplicación de la norma se eleva significativamente, pasando de 1 MW a 10 MW.

Además, se relajan las condiciones para certificar la adicionalidad renovable: las instalaciones de generación que pueden computarse como nueva capacidad podrán tener hasta 36 meses de antigüedad, frente a los 18 meses que exigía el borrador inicial. 

También se flexibilizan las condiciones de los PPA para centros de datos y se otorga un mayor peso al almacenamiento mediante baterías como herramienta clave para el cumplimiento normativo.

Para facilitar la adaptación de la industria, el Gobierno ha creado un período transitorio hasta 2031 para cumplir plenamente con la obligación de correlación horaria. No obstante, esta moratoria está condicionada a la participación de las instalaciones en mecanismos de reducción automática de potencia eléctrica.

Pese a las flexibilizaciones introducidas, el texto conserva los elementos más estrictos de la normativa. El objetivo innegociable sigue siendo que al menos el 80 % del consumo quede cubierto por energías renovables con correlación horaria, vinculando directamente estas obligaciones a la concesión de los permisos de acceso y conexión a la red.

La preocupación del sector nunca se centró exclusivamente en los plazos administrativos o en los umbrales de potencia, sino en la singularidad del modelo energético que se exige.

Advertencias sobre distorsiones del mercado y riesgo regulatorio

Las empresas no son las únicas que han pedido cambios. En su informe sobre el proyecto, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya recomendó atenuar los requisitos de suministro renovable. El regulador abogó por flexibilizar la adicionalidad y la correlación horaria. Propone evitar incentivos ineficientes en la instalación de nueva generación cuando ya existen excedentes, y valorar la aportación del almacenamiento y la flexibilidad.

El análisis de EY, publicado el 16 de octubre, aporta una dimensión económica y técnica al debate. El documento concluye que las obligaciones planteadas en España son significativamente más exigentes que en otros países europeos. La consultora advierte de que este desajuste puede elevar sustancialmente los costes operativos, generando un riesgo que podría desplazar la inversión en centros de datos hacia otros países.

El reto de retener la inversión en centros de datos en Europa 

La carrera por albergar centros de datos en Europa es muy competitiva. La cuestión ahora es si las recientes flexibilidades introducidas por el Ministerio serán suficientes para que los centros de datos en España no pierdan atractivo frente a otros destinos del continente. La consolidación de la infraestructura digital en España depende de un equilibrio entre sostenibilidad y atracción de capital.

España goza de una gran ventaja competitiva gracias a su parque de generación renovable. Pero el desafío es evaluar si resulta eficiente imponer a una categoría de consumidores unas obligaciones singulares que pueden afectar negativamente las decisiones de inversión. 

Después de más de 600 alegaciones y de las observaciones de la CNMC, España ha tenido que introducir cambios relevantes en el texto inicial, aunque mantiene las obligaciones que concentran buena parte de las críticas del sector. 

La cuestión abierta es si las modificaciones bastarán para competir por la inversión con otros destinos europeos. Todavía existe margen para acercar el marco español a los criterios europeos, más flexibles y tecnológicamente neutrales, preservando la protección de los consumidores.